La Cámara de los Comunes rechazó legalizar la muerte asistida para enfermos terminales de Inglaterra y Gales con un pronóstico de vida inferior a seis meses. La propuesta fue descartada por un margen estrecho: 286 diputados votaron en contra y 270 a favor, después de más de cuatro horas de debate. El primer ministro Andy Burnham decidió no participar en la votación, mientras que el gobierno británico mantuvo una posición neutral sobre la iniciativa.
El proyecto contemplaba salvaguardias como la aprobación de dos médicos y de un panel de expertos antes de autorizar el procedimiento. Sus opositores argumentaron que las medidas no protegían suficientemente a personas vulnerables que pudieran sentirse una carga para sus familias. Iglesias católicas y anglicanas también rechazaron la iniciativa por razones morales, mientras organizaciones médicas expresaron preocupación por pacientes con enfermedades mentales. Con la votación, la legislación vigente sobre muerte asistida permanece sin cambios.