La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó que en el caso de Rubén Rocha Moya se vulneró el principio de confidencialidad que debe regir en solicitudes de extradición, lo que derivó en un “linchamiento mediático” contra los funcionarios señalados por Estados Unidos. Señaló que este tipo de procesos deben manejarse con reserva para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Alcalde sostuvo que hasta el momento el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que sustenten la solicitud de detención y extradición. Explicó que corresponde a las autoridades mexicanas requerir dichos elementos antes de que un juez pueda valorar el caso. Reiteró que ninguna instancia puede determinar responsabilidades sin evidencia, y advirtió que la exposición pública anticipada puede contaminar el proceso legal.