La administración de Donald Trump enfrenta una demanda tras ordenar la detención y deportación de estudiantes internacionales que expresaron posturas pro Palestina. Usando una cláusula casi olvidada de la Ley de Inmigración, el secretario de Estado Marco Rubio revocó visas y residencias alegando que las protestas comprometían “intereses de política exterior”. Activistas de universidades como Tufts y Columbia fueron arrestados por expresar apoyo a Gaza, lo que ha encendido alarmas entre defensores del derecho a la libre expresión.
Organizaciones académicas y de derechos civiles acusan al gobierno de censura sistemática y violación a la Primera Enmienda. Aunque la ley permite estas medidas bajo justificación diplomática, expertos advierten que jamás se había usado así: de 11.7 millones de casos migratorios desde 1990, sólo 15 invocaron esta cláusula. El juicio en Boston marcará un precedente clave: si los tribunales avalan estas deportaciones, se abriría la puerta para castigar políticamente a cualquier estudiante extranjero por lo que piensa o dice.