La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un artículo del Código Penal de Colima que permitía perseguir el delito de peculado sin límite de tiempo. Por mayoría, los ministros consideraron que esta medida vulnera el principio de seguridad jurídica y podría dar pie a usos políticos del sistema penal, especialmente en contextos de alternancia en el poder.
El fallo derivó de un amparo promovido por una exalcaldesa y su extesorera. La Corte otorgó protección parcial y ordenó revisar el caso en tribunales. Algunos ministros advirtieron riesgos de venganza política, mientras otros defendieron la facultad de legislar contra la corrupción. La decisión establece límites a la imprescriptibilidad en delitos no considerados graves a nivel internacional.