Colectivos de familias buscadoras expresaron “indignación absoluta” ante la respuesta del gobierno federal al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al señalar que descalifica una crisis vigente. Afirmaron que las desapariciones no son un problema del pasado y acusaron al Estado de negarse a reconocer la gravedad de la situación.
Las organizaciones advirtieron que rechazar el diagnóstico internacional limita la cooperación y afecta las labores de búsqueda e identificación. También denunciaron omisiones institucionales y posible participación de agentes estatales, además de exigir reconocimiento de la crisis, acceso a la justicia y apertura a la asistencia internacional para atender el problema.