El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, denunció la existencia de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua coludidos con redes de extorsionadores y abogados. Estas prácticas han fomentado un mercado negro de concesiones y tráfico del líquido, perjudicando a pequeños productores. La nueva Ley de Aguas propone vigilancia y sanciones más severas para estos actos.
Ramírez Cuéllar explicó que las reformas buscan acabar con el acaparamiento de concesiones y la venta ilícita, organizando la transmisión y reasignación de títulos bajo control de Conagua. Destacó que la ley contempla castigos para quienes perforen pozos ilegales o sobreexploten acuíferos. El legislador afirmó que la norma garantiza el derecho humano al agua suficiente y de calidad.

