La Fiscalía General de la República imputó a Martín Rivera Cisneros, delegado en Tabasco, por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación en contra de una trabajadora de la institución. En la audiencia inicial, celebrada en el Reclusorio Norte, el juez de control Edmundo Manuel Perusquía Cabañas escuchó los cargos presentados por el Ministerio Público, quien solicitó su vinculación a proceso.
El caso exhibe un patrón preocupante: en 2017 la víctima intentó denunciar a Rivera ante la entonces PGR sin obtener respuesta. Hoy, con el avance de la imputación, la discusión pública se centra en la responsabilidad de las instituciones frente a sus propios funcionarios. ¿Puede la FGR garantizar justicia a sus víctimas cuando es parte implicada? La respuesta marcará un precedente clave en la credibilidad del sistema judicial mexicano.