La Suprema Corte declaró inconstitucional exigir autorización previa para realizar protestas públicas en Sonora, al invalidar una parte del artículo 109 de la Ley de Movilidad. Las y los ministros consideraron que la restricción actuaba como censura y generaba un efecto inhibitorio contrario a la democracia. El proyecto, presentado por el ministro Irving Espinosa, fue aprobado por unanimidad durante la sesión del pleno.
Aunque el artículo 109 fue expulsado del marco legal, el pleno mantuvo vigente el artículo 110, relativo al aviso anticipado de setenta y dos horas, interpretado únicamente como mecanismo logístico y no como autorización obligatoria. Los ministros Aguilar Ortiz y Batres señalaron riesgos de censura, argumentando que la disposición permite arbitrariedades y limita injustificadamente el derecho a la libre manifestación.