CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia. La institución argumenta que las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero violan la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso constitucional, además de poner en riesgo su solvencia y el futuro de más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos que administra.
El banco mexicano sostiene que la orden del FinCEN, que entrará en vigor el 4 de septiembre, representa “la pena de muerte” al desconectarlo del sistema financiero estadounidense sin pruebas contundentes. Aunque el gobierno mexicano mantiene la intervención administrativa sobre CIBanco, Intercam y Vector, la disputa legal abre un debate mayor: ¿se trata de un ajuste legítimo en la lucha contra el crimen o de una medida que puede fracturar la confianza en las reglas del sistema financiero internacional?