Jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron la petición de Israel para retirar las órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. La decisión se mantiene mientras se evalúan las impugnaciones de Israel sobre la jurisdicción de la CPI en la ofensiva en Gaza. El 21 de noviembre, la CPI emitió estas órdenes por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad; la de un dirigente de Hamás, Ibrahim al-Masri, fue retirada tras confirmarse su muerte.
Tel Aviv rechaza la autoridad del tribunal y niega haber cometido crímenes de guerra. En paralelo, un bloque de 12 países reunidos en Colombia acordó medidas de presión contra Israel, incluyendo la interrupción del suministro y transferencia de armas y combustible, así como la revisión de contratos públicos que puedan apoyar la ocupación palestina. Estas acciones, calificadas de “primer paso” por el embajador palestino ante la ONU, buscan forzar a Israel a detener sus ataques, y figuras como la relatora de la ONU Francesca Albanese instan a que se conviertan en políticas urgentes.