El PAN en la Ciudad de México interpuso un amparo contra el Bando Uno emitido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al considerar que invade atribuciones exclusivas de las alcaldías. Los legisladores acusaron que la medida se aplica de forma selectiva en territorios gobernados por la oposición, como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, lo que calificaron como un intento de control político disfrazado de regulación urbana.
El recurso legal se sustenta en que Brugada carece de facultades constitucionales para promulgar decretos de este tipo, en línea con el artículo 53 de la Constitución capitalina. Aunque el gobierno local sostiene que la medida busca enfrentar la gentrificación y proteger a los inquilinos, la oposición advierte que representa una intervención indebida en la propiedad privada. El caso abre un debate clave: ¿hasta dónde debe llegar el Estado en regular el mercado inmobiliario?