El exgobernador de Tabasco y actual senador, Adán Augusto López Hernández, enfrenta una tormenta política tras las denuncias que lo vinculan con el cártel de La Barredora. La oposición exigió quitarle el fuero y lo denunció penalmente, mientras en Morena lo protegen. A esto se suman señalamientos por la nómina abultada de 60 asesores con sueldos superiores a 120 mil pesos mensuales y viejas investigaciones sobre desvíos en el sector salud durante su paso por Chiapas.
Analistas y opositores coinciden en que su capital político se desmorona. Desde redes sociales hasta editoriales, se le tilda de “narco senador” y de haber perdido legitimidad. Aunque su blindaje en el Senado aún lo sostiene, la presión pública crece y lo coloca como un “cadáver político en descomposición”. La pregunta es cuánto tiempo resistirá bajo el cobijo de Palacio, antes de que su caso arrastre a toda la 4T a una crisis mayor.