El Congreso de la Ciudad de México acusó a los alcaldes panistas Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc, y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, de presuntamente financiar y movilizar a grupos violentos con recursos públicos durante la marcha de la Generación Z. Legisladores señalaron que ambos habrían operado a través de líderes del comercio informal, a quienes presuntamente presionaron con retirarles espacios de venta para obligarlos a asistir. Morena advirtió que estas conductas podrían derivar en juicio político si se confirman.
Tras un debate de más de cuatro horas, el Congreso aprobó exhortos para que la Contraloría y la Fiscalía capitalina investiguen a los funcionarios, además de solicitar la creación de una comisión especial que dé seguimiento a los hechos. Legisladores morenistas exhibieron nombres de presuntos operadores, mientras la oposición rechazó el punto de acuerdo. El pleno también llamó a los partidos PAN, PRI y MC a condenar los actos de violencia registrados durante la movilización.