El Instituto Nacional Electoral eliminó la verificación directa que permitía identificar si quienes solicitan participar como observadores electorales en los comicios de 2027 son servidores de la nación. Con el cambio, el organismo ya no cruzará los nombres de los aspirantes con el padrón de estos trabajadores vinculados a programas sociales. En su lugar, cada solicitante deberá declarar, bajo protesta de decir verdad, que no trabaja para la Secretaría de Bienestar.
La modificación, propuesta por la consejera Frida Gómez Puga, provocó críticas de representantes de partidos de oposición, quienes advirtieron sobre posibles riesgos de intervención gubernamental durante el proceso electoral. Morena defendió la decisión ante el Consejo General. El cambio también dividió a los consejeros del INE, pues cuatro de ellos señalaron que una resolución del Tribunal Electoral de 2022 ordenó tomar medidas para impedir la participación o injerencia electoral de servidores públicos relacionados con programas sociales.