La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los jueces pueden ordenar, mediante amparos, garantizar el acceso al aborto en estados donde ya está despenalizado. El criterio, aprobado por unanimidad, permite instruir a autoridades de salud a ofrecer servicios seguros, accesibles y sin discriminación, además de eliminar barreras que impidan ejercer este derecho. La resolución también contempla efectos que pueden beneficiar a más personas, aunque no hayan promovido el juicio.
En la misma sesión, la Corte invalidó normas que penalizaban el aborto en Tamaulipas, al considerar que vulneran la dignidad y la libertad reproductiva. Determinó además que el Estado tiene la obligación de informar y organizar servicios de interrupción del embarazo, reforzando el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes.