La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma a la Ley Minera que declara al litio como patrimonio nacional y reserva su exploración y explotación exclusivamente al Estado. El pleno consideró que la medida es constitucional y está respaldada por la reforma de 2024 que reconoce este recurso como área estratégica.
Además, el máximo tribunal desestimó que fuera necesaria una consulta previa a pueblos indígenas, al determinar que la norma no tiene un impacto directo, sino que establece lineamientos generales. Con ello, se ratifica la prohibición de concesiones a particulares y se consolida la rectoría estatal sobre este mineral.