Diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron en comisiones un dictamen que incrementa las penas por el delito de despojo hasta con 11 años de prisión y multas superiores a 113 mil pesos. La iniciativa, impulsada por la jefatura de Gobierno, contempla nueve agravantes, entre ellas el uso de documentos falsos, la participación de servidores públicos y los casos en perjuicio de adultos mayores.
La reforma también equipara el delito a quienes, pese a requerimientos judiciales, mantengan ocupaciones ilegales o impidan el disfrute material de un inmueble ajeno. Además, se introduce el concepto de “mala fe” en el Código Civil para anular actos jurídicos simulados. Los notarios serán responsables por negligencia o dolo en escrituras que deriven en despojos. El dictamen, aprobado por unanimidad, busca fortalecer la seguridad patrimonial y desalentar abusos en el mercado inmobiliario capitalino.