El Gobierno de la Ciudad de México presentó al Congreso local un paquete de reformas que busca castigar a los notarios públicos coludidos con el delito de despojo de inmuebles. La iniciativa plantea modificar el Código Penal y otras leyes para sancionar con hasta 11 años de prisión a quienes simulen actos jurídicos, suplanten identidades o participen en maniobras fraudulentas que priven a terceros de su propiedad.
La propuesta también considera agravantes cuando las víctimas sean adultos mayores o cuando el responsable sea titular de una notaría en funciones. Además, se endurecen las penas por asociación delictuosa y amenazas, así como por lesiones motivadas por razones de género o prejuicio. El gobierno capitalino busca cerrar espacios a la corrupción en trámites notariales y reforzar la protección al patrimonio ciudadano ante prácticas de falsificación, manipulación registral y abusos en la figura de “buena fe” en procesos legales.