El gobierno alista un plan de ajuste que busca reducir gastos administrativos y optimizar recursos federales, lo que implicaría recortes en varias dependencias públicas. La medida se justifica en la necesidad de mantener estabilidad económica y frenar el endeudamiento.
Entre las áreas más vulnerables están los programas sociales, subsidios al consumo básico y apoyos regionales. Mientras se promete que la reducción será “ordenada y responsable”, organizaciones advierten que los sectores más pobres podrían cargar con el costo del recorte. El debate se centra en si esta estrategia refuerza la disciplina fiscal o reproduce un modelo de ahorro que castiga a quienes menos tienen.